Nuevo revés de la Corte a usuarios de electricidad

Martín Esparza Contralínea

Desconectados de la realidad social del país, seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoran la lucha que habrán de iniciar nuevamente los ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, no por la amenaza de un nuevo proyecto aeroportuario y la defensa de sus tierras, sino a causa de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende embargarles sus parcelas, al alegar adeudos por 50 mil, 60 mil pesos y hasta millones, por el uso de energía eléctrica en sus sistemas de bombeo.

 Altos, injustos e ilegales cobros por los que los campesinos afectados y millones de mexicanos no podrán ampararse si antes no liquidan, a juicio de los ministros del máximo tribunal, sus adeudos con la entidad pública, ahora facultada para pisotear las mínimas garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la ejecución de embargos. El sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico, por ende, desaparece, aún cuando las leyes en la materia todavía lo establecen como una obligación del Estado.

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